En Centroamérica, preocupa la baja edad de imputabilidad de algunos países

El Salvador y Panamá han reforzado sus legislaciones para castigar a los menores delincuentes, cada vez más numerosos y más violentos en toda la región centroamericana, aunque los expertos dudan de que sea el buen camino para erradicar la lacra de las pandillas juveniles.

Panamá acaba de rebajar la edad de imputabilidad del menor de 14 a 12 años, la misma que contempla el código penal en Costa Rica, en Honduras y en El Salvador, que también acaba de reformar la legislación incrementando de siete a 15 años la pena máxima de cárcel para infractores de entre 16 y 18 años.

En Guatemala y Nicaragua la edad de imputabilidad penal juvenil empieza a los 13 años.
Para el especialista en legislación juvenil costarricense, Carlos Tiffer, este recrudecimiento de la ley para castigar a los jóvenes es “parte del populismo penal de buscar respuestas a problemas de carácter social a través del derecho penal y particularmente endureciendo las sanciones a personas menores de edad”.
Al igual que muchos especialistas consultados, Tiffer considera que las respuestas a la delincuencia en general, pero a la juvenil en particular en los países de la región, “tienen que ser integrales que involucren estrategias de represión, de prevención y de reincorporación social a todos los sectores, tanto de adultos como de jóvenes.

Incluso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe para América Central 2009-2010, instó a los gobiernos de la región a que sustituyan los programas de “mano dura o super dura” por otros de “mano inteligente”, en particular en El Salvador, Honduras o Guatemala, los más afectados por el fenómeno de las pandillas.

Las pandillas, fenómeno nacido en Estados Unidos, contarían con unos 70.000 miembros en estos países, donde empiezan a reclutar a la temprana edad de 12 años.

Pero “meter más menores de edad en la cárcel no garantiza que se vaya a eliminar el crimen y la delincuencia en el país”, opina Irina Conoan, directora de unidades especializadas de la Defensoría del Pueblo de Panamá, donde los expertos reconocen que la delincuencia ha aumentado, aunque ello no significa que los menores sean los que más delinquen.

Para la coordinadora del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD en Panamá, Paulina Franceschi, “una cosa es que haya más jóvenes involucrados en actos delictivos y otra cosa es que sean ellos los que más delinquen”.

Las políticas de mano dura “no son la solución, porque lo que ya se hizo fue producir la evolución de una pandilla juvenil a una pandilla criminal en las cárceles”, alega la directora del Instituto de opinión pública de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, Jannet Aguilar, quien lleva 15 años estudiando el fenómeno de la delincuencia juvenil.

Franceschi asegura que en Centroamérica se encuentra “bastante similitud” en los factores que facilitan que los jóvenes pasen a delinquir y son la poca educación y la falta de medios y oportunidades de un empleo para subsistir.

Según las estadísticas de la Policía, solo en Guatemala, uno de los países más violentos de la región, el año pasado fueron capturados casi 2.000 jóvenes por robos, porte ilegal de armas de fuego, extorsión, tenencia, tráfico y cultivo de droga, además de homicidios.

En Honduras, se estima que un 20% de los menores participan en los delitos. “Son usados por adultos porque saben que las penas para ellos son menores, hasta ocho años, pero al cumplir los 18 pasan a las granjas penales de adultos a los juzgados de adultos pero siempre bajo supervisión del Inhfa y los juzgados de menores”, según la jefa del Prograna de Medidas Preventivas del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Inhfa), Josefina Enamorado.

En los cuatro centros del Inhfa, hay 253 menores de 18 años, gran parte de ellos, miembros de las Mara Salvatrucha, MS-13 y Mara 18, condenados por asesinato, homicidio, violaciones, robos, violencia intrafamiliar y drogas.

En El Salvador, hasta diciembre pasado se encontraban 773 jóvenes en cinco centros de internamiento juvenil, de los cuales el 85% pertenecen a pandillas y 685 de ellos, por delitos graves.