María Eugenia Hernández
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La violencia contra la mujer es la mayor barbarie cometida contra sus derechos en esta sociedad. La mujer, desde que nace hasta que muere, enfrenta episodios de discriminación, violencia del Estado, la comunidad y en su propia familia. Ejemplo de esta violencia son los embarazos y abortos forzados; así como la violencia intrafamiliar o doméstica, donde ella se convierte en víctima de un agresor, quien es en este contexto su esposo o compañero.
La violencia contra la mujer se manifiesta en todos los estratos sociales, no es exclusiva de una estructura política o económica; se observa en todas las sociedades sin distinción de etnia o cultura. Está sentada sobre bases sólidas de poder en la sociedad que la legítima, le da cobertura y la perpetúa con raíces profundas e impide que la mujer ejerza sus derechos humanos.
Este es un fenómeno social que insiste en mantenerse invisibilizado y lleno de mitos que se han ido construyendo sobre que lo femenino es inferior a lo masculino, reforzándose en imaginarios sociales que, con sus prácticas, atentan contra la mujer. Esta violencia se da por razón de su género y persiste dañando a la mitad de la población, es decir, afecta a millones de mujeres en el mundo.
En Panamá la violencia contra la mujer se da en diversos tipos que van desde la violencia física (puñetazos, patadas, uso del fuego y ácidos para causar dolor), la violencia sexual (violaciones), la violencia psicológica (insultos, amenazas y comentarios denigrantes, lenguaje sexista) y la violencia económica, en donde el varón del cual depende, le priva de alimentos, vestimenta y otras necesidades de índole económica.
Según las estadísticas del Observatorio Panameño de la Violencia de Género, en el año 2008 se registraron 10 casos de asesinatos de mujeres; en 2009, 17; y en 2010 la cifra ya suma 23 casos de mujeres muertas a manos de sus esposos, compañeros o ex compañeros; hombres que en algún momento juraron amarlas, pero acabaron con sus vidas.
El Estado panameño debe legislar mejor al respecto. Se han hecho pinitos en la construcción de políticas públicas, mas el problema en vez de disminuir va aumentando. La población no recibe capacitación en todas sus dimensiones, al ritmo que amerita lo pactado en los convenios internacionales. Los casos más altos de homicidios de mujeres se observan en las provincias de Colón y Panamá.
Debemos reforzar entre la población la enseñanza de perspectiva de género; debemos romper los esquemas tradicionales y crear un compromiso de cambio. El Ministerio de Educación debe adoptar ese reto y preocuparse por desideologizar culturas patriarcales y, en su transformación curricular, implementar la asignatura para reeducar y construir un aprendizaje significativo para las nuevas generaciones. Solo así lograremos un proceso de cambio social, que se verá reflejado en bajos índices de violencia.
Prensa.com
Opinión
27 de junio de 2010
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